Que se respete la libertad de la Iglesia para administrar los sacramentos

Hace unos días se conocía que el alcalde socialista de Torrecaballeros (Segovia), Rubén García, se había enfadado porque el párroco de su pueblo le negó la comunión. El motivo sería que se proclama públicamente gay activo y que convive con su pareja. El obispado de Segovia respaldó al sacerdote porque «tanto si son homosexuales como heterosexuales, se necesitan unas condiciones objetivas de moralidad, y que la Iglesia tiene autoridad para negar la comunión cuando no se cumplan».

Ahora, es la ministra de Igualdad, Ana Redondo, socialista y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, la que asegura que «las reglas eclesiásticas tienen que interpretarse a la luz de la Constitución«. Esto es «claramente y abiertamente inconstitucional», pues en su opinión «no se puede discriminar a un ciudadano LGTBI y exigirle que opte o bien por su fe o bien por su condición sexual». Y, añadió: «Espero que haya denuncia y que se llegue hasta el Tribunal Constitucional y sea el Tribunal Constitucional el que aclare este asunto que para mí es diáfano».

Llegados a este punto, los católicos tenemos que preguntarnos: ¿Quién es el Gobierno para interpretar la doctrina de la Iglesia sobre los sacramentos? ¿se mete acaso con las prácticas de otras religiones? Basta ya de querer entrometerse en la vida de los católicos y en las creencias de todos los ciudadanos. El Gobierno no es quién para decidir la persona que puede comulgar. Lo verdaderamente inconstitucional es discriminar a los católicos por motivos religiosos, por entender que alguien no está en condiciones de recibir un sacramento.

Si quieres saber más sobre este caso: -Negar la comunión a quien esté en pecado «es inconstitucional», dice la ministra de Igualdad